Fitch Ratings espera que la Estrategia Nacional del Litio del Gobierno, la cual se basa en sociedades público- privadas -con un rol preponderante del Estado- para explorar y explotar el mineral en el país, sea de "nautral" a "positivo" para los perfiles crediticios de los jugadores actuales: la chilena SQM y la norteamericana Albemarle.

Con todo, la agencia anticipó que dicha estrategia "no proporcionará el impulso previsto a la industria del litio, dado que es poco probable que las empresas privadas inviertan un capital significativo para desarrollar proyectos de litio a través de consorcios controlados por el estado".

En su análisis, Fitch señaló que "creemos que SQM se vería impactada positivamente por la ENL que adelantó las discusiones para un nuevo acuerdo debido a su fuerte posición de negociación".

"Si bien los marcos de cualquier acuerdo no están definidos, esperamos que la compañía asegure la producción de litio a un costo muy competitivo más allá de 2030 probablemente compense las consideraciones negativas relacionadas con una mayor participación pública en las operaciones existentes de litio en Chile de SQM", añadió.

Mientras que "en un resultado negativo de la negociación, SQM aún podría explotar el Salar hasta 2030, pero con una mayor visibilidad futura que le permitiría ajustar su estrategia para enfrentar lo que vendrá a fines de la década".

contratos

En cuanto a Albemarle, cuyos contratos actuales vencen en 2043, Fitch cree que "es probable que el impacto a corto y mediano plazo sea limitado".

"Los derechos de producción de Albemarle vencen 13 años después del contrato de SQM. Las operaciones diversificadas de Albemarle deberían proporcionar cierta flexibilidad estratégica adicional en sus futuras conversaciones con Codelco. Chile representa aproximadamente el 30% de la producción total del año fiscal 2022 de la compañía", subrayó.

En su informe, Fitch también analizó la potencial entrada de Codelco a esta industria tras el mandato del Gobierno, señalando que "la diversificación mejorada es positiva para el crédito, y la medida continuará aumentando la importancia de la empresa para el gobierno".

"Creemos que cualquier beneficio de controlar el suministro de litio de Chile probablemente se acumulará para el Estado, dadas las crecientes demandas sociales de Chile y considerando un historial de 50 años del estado extrayendo casi todo de Codelco. La minera ha aportado cerca de US$169 mil millones al presupuesto de Chile, mientras que la empresa ha recibido menos de US$11 mil millones de su dueño", explicó.

Cristián Venegas M.

El miércoles 16 y jueves 17 de agosto, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta inspeccionará los acuíferos del Salar de Atacama que son parte de la demanda conjunta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra las mineras Zaldívar, Escondida y Albemarle, por daño ambiental. Proceso en el que también forman parte la comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).

Las diligencias, según consta en la resolución judicial, considera inspecciones en el campo de pozos de bombeo de la compañía Minera Zaldívar; Callejón de Tilopozo; Sector Tilopozo; Vertiente Tilopozo; y pozo de bombeo Tucúcaro.

Mientras que en la segunda jornada la visita, a las que podrán concurrir dos abogados por cada parte, acompañados por dos especialistas en materias propias de la inspección; considera recorrer el Sistema de Lagunas La Punta y La Brava y Vegas de Tilopozo.

Audiencia de prueba

Como parte de este proceso, que busca la recuperación ecosistémica del acuífero de Monturaqui- Negrillar-Tilopozo, La Punta y La Brava; recientemente se realizó la audiencia de conciliación y prueba en la que participaron todas las partes, las que entregaron sus pruebas testimoniales y declaraciones. Entre estos las unidades de Medio Ambiente y Jurídica del CPA.

Consejo que entregó al Tribunal pruebas científicas y estudios, así como testimonio de expertos, entre ellos los profesionales Francisco Mondaca, Jordan Jofré, Patricia Sigoña, Cristina Dorador y Ramón Quiroz, además del abogado coordinador de la Unidad Jurídica, Sergio Chamorro.

Demanda del cde

La demanda conjunta presentada por el CDE por daño ambiental en el acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, responde a que la extracción continúa de recursos hídricos en el sector provocó un descenso superior a 25 centímetros de las aguas del subsuelo.

Según consta en la demanda, la acción busca la reparación por el daño ambiental ocasionado en este sector del extremo sur del Salar de Atacama, pues la disminución del nivel freático, que se extiende desde 2005, va más allá de lo que pueden soportar los sistemas vegetacionales de Tilopozo.

Lo que trajo como consecuencia, según consta en el documento, el deterioro grave, permanente e irreparable del acuífero, comprometiendo su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada; las vegas o Sistema Vegetacional Azonal Hídrico Terrestre de Tilopozo; los ecosistemas acuáticos de las lagunas La Punta y La Brava; los servicios ecosistémicos de soporte, regulación, provisión, hábitat y paisajísticos proporcionados por el acuífero.

La biodiversidad existente en área sur del Salar de Atacama; la fauna en estado de conservación, así como de otros componentes ambientales propios del país, únicos, escasos y representativos; los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, debido a la privación del acceso a recursos naturales, con deterioro de su economía tradicional y costumbres.

2005 se superó la disminución máxima aceptable del nivel freático (aguas del subsuelo) en la zona de Tilopozo.

60 km de longuitud y un ancho promedio de 8,5 km, considera el acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo.