El verano más caluroso y posiblemente también el más extenso de la historia es el que expertos esperan para la próxima temporada estival en la zona central del país.

Así lo dio a conocer una investigación de la Universidad de Talca liderada por el académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (Citra), Patricio González.

El trabajo advierte que, en la zona estudiada, a partir de noviembre podrían registrarse temperaturas de 34°C o incluso superiores. Esto, producto de una extensión del verano provocada por el cambio climático.

La investigación del agroclimatólogo también sostiene que en ciudades como Chillán y Los Ángeles podrían alcanzarse máximas de hasta 43°C el verano que viene, mientras que en Talca las temperaturas llegarían a los 39 o 40°C.

En Santiago, de acuerdo con el estudio, podrían registrarse máximas extremas de entre 37 y 39°C.

Largas olas de calor

Respecto de las llamadas "olas de calor", es decir, los eventos de altas temperaturas prolongados, el estudio precisó que durarán entre tres y 10 días consecutivos en las distintas áreas de la zona central, con temperaturas como las enunciadas.

Este escenario se vería propiciado por "una conjunción de variables oceánicas y atmosféricas en el clima, que impactarían fundamentalmente en diciembre de 2023, enero y febrero de 2024", sostuvo González.

Asimismo, el responsable del estudio expuso que "variables como el cambio climático y, puntualmente, el fenómeno de El Niño contribuyen poderosamente a que en el siglo XXI se estén sobrepasando los 40 °C en algunas ciudades de Chile o, acercándose a ese valor".

Para anticipar este pronóstico se consideraron factores como el alza inusitada de la temperatura de la Tierra, El Niño, el aumento récord de la temperatura de los océanos registrados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA), y el desplazamiento y robustecimiento del Anticiclón del Pacífico.

Para hoy, en todo caso, está pronosticada lluvia de la Región de Coquimbo al sur.

Por nueve votos a favor y dos en contra, el concejo municipal de Santiago aprobó ayer el cambio de nombre de ocho calles de la comuna, una iniciativa promovida por la alcaldesa Irací Hassler (PC) a través del llamado "Comité Interdisciplinario por la Conmemoración de los 50 años del golpe de Estado Civil Militar".

La idea recibió duras críticas de parlamentarios de la oposición y generó gran polémica, especialmente entre vecinos que se verán afectados por el cambio de nombre. De hecho los de calle Namur, tras protestar oponiéndose a la modificación, lograron que el mismo día esa arteria quedara intacta.

El argumento de esos vecinos fue que no se realizó una consulta ciudadana para el proceso, a lo que Hassler contestó que fueron propuestas que salieron desde organizaciones de la sociedad civil.

En el concejo de ayer, la alcaldesa calificó la sesión como "un hito relevante para el país (...) Santiago tiene memoria y quiere construir un presente y un futuro que reconozca lo que ha sucedido en nuestro país", defendió.

Las calles que cambiarán nombre serán Santa Mónica por Jaime Castillo Velasco; calle Maule por Carlos Lorca Tobar; Pasaje Delfina por Alicia Aguilar Carvajal; calle Aconcagua por Carlos Humberto Contreras Maluje; calle General Bulnes por Jécar Antonio Nehgme Cristi; el tramo de Huérfanos -entre Brasil y Maturana- por Patricio Bunster Briceño.

Se suman el renombramiento de la plazoleta del sector de calle Andes, Brasil y Mapocho como Carolina Wiff Sepúlveda; el nombre del Puente Loreto a Puente Ronald Wood; la calle Manuel de Amat -entre San Alfonso y Camino a Melipilla-, por Elisa del Carmen Escobar Cepeda; la calle Rosas -entre Morandé y Teatinos-, por Littré Quiroga Carvajal; nombrar la plazoleta ubicada en Santo Domingo con calle 21 de mayo, como Plazoleta Lincoyán Berríos Cataldo.

"Devolveré nombres"

La presidenta de la comisión, Dafne Concha, explicó que "los lugares de la ciudad nos pertenecen a todos y todas" y "(queremos) dejar en la memoria de las futuras generaciones la dignidad de quienes lucharon por sus ideales".

La concejala Virginia Palma comentó que "habría sido un gesto necesario" cambiar el nombre de la calle Carabineros de Chile por "calle Derechos Humanos".

El concejal Santiago Mekis votó en contra, al igual que Juan Mena, quien destacó la necesidad de resolver problemáticas "reales" de la comuna, recordó el caso de la fallida compra de la exclínica Sierra Bella y solicitó que se aclare la forma en que se reembolsará a los vecinos los gastos asociados por cambio de domicilio en los que deberán incurrir.

Mena advirtió que si forma parte del próximo concejo, se comprometerá a devolver el nombre original de las calles.

El Gobierno le quitó urgencia al proyecto para modificar la ley de usurpaciones de terrenos y advirtió que no la promulgará si mantiene los cambios introducidos en su tramitación. La ministra del Interior, Carolina Tohá, acusó a los legisladores de propiciar "una embarrada monumental" al equiparar sanciones y favorecer la autotutela, por lo que dijo que no la promulgarán en esas condiciones.

La jefa de gabinete recordó que la iniciativa tenía acuerdos en la necesidad de detener las ocupaciones y facilitar la detención de quienes la propiciaran; que se trate de un delito permanente para que el afectado requiera el desalojo a la fuerza pública y no en tribunales; y que se excluyera a campamentos generados por la crisis habitacional.

Tohá dijo que lo convenido era combatir las tomas para propiciar "loteos brujos", instalar casas de veraneo en el norte u ocupar terrenos bajo "el escudo de la causa mapuche" en la Macrozona Sur.

"Pero de ahí vino un festival de ideas", dijo, cuestionando que se aprobara una indicación que propicia la legítima defensa o autotutela del afectado.

"Se puede ir a reivindicar por las propias manos un bien (...) Eso significa que las personas pueden organizarse, armar un grupo, contratar a unos tipos que vayan a pelear cuerpo a cuerpo por el bien usurpado. Eso el Gobierno no lo va a permitir, no se va a promulgar una ley que tenga esa norma y tenemos múltiples herramientas constitucionales para hacerlo", dijo y agregó que tampoco tolerarán que se sancione con la misma pena a quienes han protagonizado ocupaciones violentas con las pacíficas, como se aprobó en general en la Cámara de Diputados por 89 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

El diputado republicano Cristian Araya afirmó que "mientras más escucho al Frente Amplio y al Partido Comunista hablar contra el proyecto, más me gusta (...) Parece que hay una afinidad profunda ente la izquierda y las tomas ilegales".