El ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, reconoció negociaciones con representantes de los reos indígenas que están en huelga de hambre en distintos recintos penales.

"Una huelga de hambre es un hecho que puede violentar a la ciudadanía y por supuesto violenta al Gobierno, y nosotros estamos dispuestos a resolverlo", dijo el jefe de gabinete. En esa línea, afirmó: "Este Gobierno ha ido mucho más allá y hay por parte del ministerio de Justicia toda una conversación con quienes son voceros de las personas que están presas en Angol o en otras cárceles de la región, para ver, dentro del marco de las normativas y reglas penitenciarias, evitar y lograr desactivar las huelgas de hambre".

El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo en radio Cooperativa: "Hemos tenido una negociación con el ministro (de Justicia, Hernán) Larraín". Precisó que en virtud de ello se permitirá "no sólo las visitas de los líderes espirituales de los indígenas" y que "no se va a considerar como falta grave de conducta la huelga de hambre".

El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, se reunió ayer con representantes de los reos en huelga de hambre en Angol e informó que este viernes habrá un encuentro en el que participará el ministro Hernán Larraín.

Justicia

El ministerio de Justicia informó que la semana pasada empezó a mejorarse las condiciones de los presos de pueblos originarios y credos: "Se procurará aplicar un enfoque intercultural en la evaluación de la conducta para el proceso de reinserción social", habrá "derecho a la salud y acceso a medicina tradicional", "la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias" y se "asegurarán espacios" para que todas las "manifestaciones espirituales y religiosas" se ejerzan "con la mayor plenitud posible".

Un grupo de comuneros mapuches ocupa desde ayer el edificio municipal de Tirúa, comuna de la provincia de Arauco (Biobío), en apoyo a los presos que mantienen una huelga de hambre para conseguir beneficios penitenciarios y en plena escalada de violencia en la zona. Carabineros informó que son "cien personas, aproximadamente, (entre hombres, mujeres y niños)", y que está haciendo un monitoreo del hecho y dio cuenta al Ministerio Público".

La ocupación en Tirúa ocurre luego de que cinco edificios municipales de La Araucaníaque habían sido ocupados días atrás por comuneros mapuches fueron desalojados la noche del sábado por Carabineros y donde hubo enfrentamientos entre civiles. Las tomas se producen en apoyo a la huelga de hambre que mantiene desde hace varias semanas más de 27 presos mapuches en Temuco, Angol y Lebu.

El grupo en toma en Tirúa declaró que la acción responde a presuntas acciones en contra de comuneros mapuches en Victoria y Curacautín durante los mencionados desalojos.

Tras estos hechos, el Gobierno condenó el fin de semana la presencia de mujeres y niños en los municipios tomados.

En un comunicado, expresaron que allí se habría producido un "ataque planificado políticamente por el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez", y dijeron que "lo ocurrido no es un hecho aislado y es parte de una estrategia violenta de represión en contra de todo nuestro pueblo nación mapuche (...) Se agudiza la política represiva en el contexto de la huelga de hambre".

"En solidaridad con la digna huelga de hambre, el día de hoy (ayer) iniciamos la toma indefinida de la municipalidad de Tirúa, ya que simboliza la institucionalidad del Estado en nuestro territorio, mismo Estado que no se abre al diálogo con nuestra gente encarcelada, sin resolver efectivamente el problema político-territorial de fondo con nuestro pueblo", señalaron.

Frente a la ocupación, el municipio de Tirúa informó que "tras la expresión de esta demanda, no es facultad de la municipalidad la solución de ellas. Es tarea del Gobierno de turno la responsabilidad de darles una solución y atender la contingencia que hoy estamos viviendo".

El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, recordó que su sello y "ha sido aportar al respeto de los derechos de los pueblos originarios y, en ese aspecto, estamos disponibles una vez más a contribuir -mediante el diálogo- a buscar vías de solución al grave problema que el Estado chileno ha sostenido históricamente con el pueblo mapuche".

Millabur llamó a que "no se repitan los tristes y lamentables hechos sucedidos en Curacautín, por lo cual pedimos a la población que prime una actitud de respeto y entendimiento en cada una de las personas que habitamos este territorio".

El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, criticó la toma del municipio, debido a los problemas que podría acarrear en el retraso de trámites de la comunidad local. "Es desde ese lugar donde se canalizan las ayudas que hoy más que nunca necesitan y por ello creemos que es una muy mala decisión realizar una toma que inhibe a las personas de poder recibir e interactuar con el Estado. Esperamos que esto se deponga pronto y por ello llamamos al alcalde a solicitar el desalojo", dijo y aseguró que se están generando los espacios de diálogo para evitar escenas como las que se registraron en La Araucanía.

Valdivia y traiguén

Mientras, en Valdivia (Región de los Ríos), un grupo de mapuches se tomó las dependencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Además, personas que aún no son identificadas ingresaron a la propiedad del lonco Aniceto Norin y quemaron parte de su maquinaria en la zona rural de Didaico, en Traiguén. Según Norin, cerca de las 4:30 horas de ayer unas personas llegaron al lugar e incendiaron una de sus retroexcavadoras.