Detectan $1.600 millones en pago de obras no justificadas
INFORME. Contraloría realizó auditoría al Servicio de Salud de Antofagasta. Parte de los antecedentes serán enviados al Ministerio Público para que investigue posibles delitos.
Amanda Barrera, presidenta de la comunidad de Peine recuerda que hace tres años la empresa a cargo de la construcción de la nueva posta llegó al poblado. Tras un par de meses de trabajo la firma abandonó repentinamente la obra.
"Hicieron las excavaciones y ahí quedó todo. Hasta hoy no tenemos muy claro qué pasó y cuándo se podrán retomar el proyecto aunque hemos tenido conversaciones con las autoridades de salud en el último tiempo, pero no tenemos fechas", comenta.
La paralización de la construcción de la posta rural de Peine -un proyecto que comenzó el año 2017- es solo una parte de los hechos cuestionados por la Contraloría Regional (CRR) tras analizar gran parte de los proyectos de construcción a cargo del SSA en una investigación que abarcó entre enero del año 2017 y marzo del 2018.
En primer término el informe observa el avenimiento judicial al que llegó el Gobierno Regional con una empresa de factoring por el cobro de dos facturas por un valor superior a los $300 millones. En lo sustancial el órgano contralor "observa" el acuerdo por cuanto señala que las obras asociadas a los proyectos "Construcción Bodega de Farmacia Centro Asistencial Norte", "Unidad de Apoyo Diagnóstico Medicina Nuclear en COA", "Reposición de Posta Rural Peine, comuna de San Pedro de Atacama" y Construcción Servicio de Urgencia de Alta Resolución COVIEFI Antofagasta", no contaban con el respaldo físico ni financiero adecuado para proceder a dichos pagos.
Además indica que actualmente se encuentran judicializados cobros de facturas por un total de $374 millones los cuales tampoco cuentan con respaldo administrativo por lo que señala que los antecedentes serán remitidos a la fiscalía local.
"Espero que la fiscalía comience pronto con las investigaciones penales que derivan de esta investigación, sobre obras de infraestructura de salud muy necesarias y que partieron en el gobierno anterior pero cuyos últimos pagos abarcan al actual gobierno. Se repiten los hechos que ya vimos a nivel nacional en una comisión investigadora. Materiales que se cambian, pagos por obras que no se hicieron, e incluso coimas comprobadas", señaló la diputada Marcela Hernando.
En cuanto a la obras de la posta rural de Peine y de la reposición de la red eléctrica del exHospital Regional, la CRR solicita aclarar la situación del cobro de facturas por $180 millones y $380 millones respectivamente, por cuanto -en el caso de Peine- las obras no representan avance físico y en el caso del proyecto en el ex HRA se autorizó una ampliación de monto del contrato en base a cambios de materiales que se encontraban contemplados en las bases de licitación.
Obras no realizadas
La CRR estableció un plazo de 30 días hábiles para que el Servicio de Salud reintegre a sus cuentas recursos que -sumados- superan los $1.000 millones por pagos de obras que no se realizaron o bien que no se encontraban autorizadas, entre ellas, parte de las obras del proyecto de la Unidad de Medicina Nuclear y de reposición del servicio de siquiatría del ex HRA, por montos de $396 millones y $235 millones, respectivamente.
Cabe indicar que el mismo informe solicita al SSA acreditar la realización de obras en el proyecto de reposición y ampliación de la red eléctrica del ex HRA por montos de $190 millones y además le ordena entregar la justificación técnica para la ampliación del contrato por un monto total de $1.523 millones.
Gran parte de los proyectos cuestionados fueron financiados con recursos provenientes del Consejo Regional. Para Ricardo Díaz, presidente de la comisión de salud del CORE, la situación exige una investigación a fondo que delimite responsabilidades.
"En la comisión de salud nosotros denunciamos pagos efectuados sin avance de obras y otras irregulares detectadas en proyectos emblemáticos como la posta o la ampliación del CON. Espero que haya investigación y resultados en fiscalía. Se requiere identificar culpables sean del bando que sean y no ocultarlo", indicó.
Otro de los integrantes de la comisión de salud, el consejero Guillermo Guerrero, coincide en la necesidad de acelerar las acciones que permitan transparentar el alcance de la situación.
"Como hay recursos FNDR involucrados voy a solicitar la asistencia del director del servicio para que informe de lo sucedido. Además creo necesario que exista una auditoria interna para aclarar cuanto antes todo lo observado por la Contraloría".