Redacción
Tras la muerte con un balazo de un joven de 21 años en Cañete, Región del Biobío,, el Gobierno anunció la convocatoria de un nuevo comité semanal para enfrentar la escalada de violencia en esta región y en La Araucanía.
"Hay una deuda pendiente en la que tenemos que avanzar", dijo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, tras el primer encuentro de este comité especial que liderará el presidente Sebastián Piñera y que integrarán los ministros Víctor Pérez (Interior), Hernán Larraín (Justicia), Alfredo Moreno (Obras Públicas) y ella misma, además del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. El Comité Wallmapu (territorio mapuche, en mapudungun) busca encarar el trabajo del Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de La Araucanía que Piñera lanzó en 2018.
Entre los objetivos de la instancia, Rubilar indicó "avanzar en la voluntad de diálogo y de búsqueda de la paz". Hoy, de hecho, ella asistirá como invitada a Carahue para ser parte de uno "de los múltiples diálogos que queremos realizar en las diferentes comunidades y con los diferentes interlocutores válidos que existen en la región (Araucanía) y en la provincia de Arauco". Además, buscan concretar "una protección" para "víctimas de la violencia rural en La Araucanía".
El segundo fin es el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural de los pueblos originarios. Según Rubilar, pretenden "validar a las autoridades ancestrales, avanzar en materia de medicina ancestral, educación ancestral", y que los ministerios incorporen "la visión de nuestro pueblos originarios".
El tercer propósito es "el desarrollo integral de la región y agregar obviamente la zona de rezago de Arauco".
El comité fue anunciado luego de que ayer en la madrugada un joven de 21 años murió con un disparo en la cabeza presuntamente de un grupo de tres activistas en Cañete (provincia de Arauco), quienes antes incendiaron tres cabañas, de las que previamente sacaron a las familias residentes.
En su huida, los atacantes robaron dos vehículos y se toparon con otro, al que dispararon, causando la muerte de Moisés Orellana e hiriendo al resto de los ocupantes.
El atentado incendiario fue "reivindicado y justificado en la aplicación del Convenio 169 (de la OIT) y en las personas que están privadas de libertad y que están haciendo huelga de hambre hoy", dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. "Ninguna demanda, por legítima que sea, justifica esos niveles de violencia", agregó.
"Aquí hay grupos organizados, que lo que quieren es instaurar una política de terror, porque eso aterroriza a las personas. Nuestra tarea es aislar esos grupos, investigarlos y lograr su detención, llevarlos a los tribunales y que sean condenados", dijo el ministro Víctor Pérez. "En esa zona la gente está sufriendo, viviendo un drama", añadió y mencionó que "esta violencia se ha acrecentado".