El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó por cuasidelito de homicidio al infante de marina Leonardo Medina, por su responsabilidad en el mortal atropello de Manuel Rebolledo, hecho ocurrido en octubre de 2019. En medio del Estado de Excepción que regía durante el estallido social, el ex funcionario de la Armada conducía un camión institucional en un operativo en la población Libertad de Talcahuano, cuando arrolló a Rebolledo causándole la muerte. El tribunal estableció que el deceso se debió a un actuar culposo del uniformado. La sentencia se conocerá el 4 de diciembre.

Redacción

Por segunda vez, el Congreso aprobó la solicitud del presidente Sebastián Piñera para prorrogar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en las provincias de Biobío, Arauco (Región del Biobío), Cautín y Malleco (Región de La Araucanía).

La medida, adoptada por el mandatario para enfrentar los graves hechos de violencia que afectan a la macrozona sur, fue implementada por decreto el 12 de octubre. Tras sus primeros 15 días fue ampliada por La Moneda por el mismo periodo.

Para las posteriores renovaciones el Presidente requería el respaldo del Congreso, apoyo que logró a inicios de noviembre. Así, el Estado de Emergencia se extendió hasta el 26 de noviembre.

Ayer el Parlamento aceptó una nueva prórroga, por lo que la medida seguirá vigente al menos hasta el 11 de diciembre.

Por la mañana la Cámara de Diputados aprobó la extensión por 80 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones.

"Este Estado de Excepción no es contra un pueblo determinado, es justamente contra aquellas cosas que le molestan y duelen al Chile profundo en todas las regiones del país: crimen organizado, uso de armas, drogas, narcotráfico, robo de vehículos y madera", argumentó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Por la tarde el Senado también aprobó la solicitud presidencial por 16 votos a favor, 14 en contra y una abstención.

Ataque en Curanilahue

Horas antes de votarse la prórroga del Estado de Excepción, un nuevo ataque incendiario se registró en la región del Biobío. En Curanilahue, provincia de Arauco, desconocidos bloquearon la ruta y quemaron camiones de una empresa forestal, dejando heridos al menos a cuatro trabajadores.

El hecho ocurrió en el sector de Trongol, próximo a Los Álamos, e incluyó el uso de armas de fuego. Además, resultó afectado un camión aljibe que abastecía de agua a comunidades rurales, según informó el delegado presidencial Patricio Kuhn. "Lo que se ha encontrado son panfletos pidiendo que se termine el Estado de Excepción", aseguró la autoridad.

El atentado coincidió con el trabajo en terreno de la Convención Constitucional, cuya Comisión de Principios Constitucionales sesionó ayer en Curanilahue. La mesa de la instancia emitió un comunicado señalando que "estos hechos deben ser investigados y aclarados de manera eficaz y con celeridad, evitando así sumar más dolor e incertidumbre a la ya existente".

"Merecemos y exigimos conocer el origen de esta y todas las violencias. Nuestra solidaridad y pensamiento están con las víctimas y sus familias", agrega el documento.

Un proyecto de ley que busca regular el uso del bitcoin en Chile presentó el diputado independiente Karim Bianchi. La iniciativa señala que esta criptomoneda será válida "en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas privadas quieran realizar".

La propuesta también señala que el tipo de cambio entre la moneda virtual y el peso chileno será libremente establecido por el mercado y que todo precio podrá ser expresado en bitcoin.

Por otra parte, Bianchi propone que quien exprese sus precios en la criptomoneda igualmente deberá hacerlo en pesos y aceptar la moneda oficial del país como medio de pago.

En el último de los cuatro artículos que contiene el proyecto, se señala que "para fines contables, se utilizará el peso chileno como moneda de referencia".

Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com, plataforma donde se transan este tipo de divisas, aseguró que "las criptomonedas están tomando gran importancia en la industria financiera global y en Chile todavía tenemos la oportunidad de transformarnos en líderes de la región".

"Vemos como relevante la iniciativa presentada por el diputado Bianchi, en el sentido que genera un debate necesario e ineludible sobre la utilización y reconocimiento de las criptomonedas en el país", agregó.

Aunque estaba convocada para la tarde de ayer, la Comisión Mixta que debe analizar el proyecto que permite un cuarto retiro de fondos previsionales no pudo sesionar este miércoles, debido a que la sala del Senado debía votar la solicitud de prórroga del Estado de Excepción en la macrozona sur.

Los comités de la Corporación no lograron un acuerdo para que la instancia sesionara previamente y se definió que el grupo compuesto por senadores y diputados se reunirá el lunes 29 de noviembre a las 10:30 horas, en la sede del Congreso en Santiago.

Para que el cuarto retiro vea la luz, es necesario que el informe que emita la Comisión Mixta sea aprobado por 26 votos en el Senado y por 93 votos en la Cámara de Diputados.

Un hombre que fue detenido cerca de un banco en Puente Alto fue formalizado ayer por el delito de secuestro.

El sujeto había llegado a la sucursal junto a la víctima, que había sido secuestrada el lunes en la noche en un servicentro.

"Dos sujetos lo secuestraron y trasladaron bajo amenazas y golpes al sector de Bajos de Mena, lugar donde permaneció durante toda la noche", dijo el capitán de Carabineros Luis Fuentes, de la 20 comisaría de Puente Alto.

A la mañana siguiente, sus captores lo llevaron a la sucursal para que girara $40 millones y dejarlo libre. El secuestrado entregó entonces a una cajera un papel donde escribió: "Me tiene... amenaza. Ayúdeme".

El banco activó sus protocolos y hasta el lugar llegaron efectivos de civil. Minutos después lograron detener a uno de los sujetos, quien tenía antecedentes por lesiones, tráfico y homicidio y quedó en prisión preventiva.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció el inicio de estudios para ampliar la red de envasado de gas licuado, ante el interés que ha despertado en varios municipios la posibilidad de que estos actúen como distribuidores minoristas de dicho producto.

"Frente a las reiteradas solicitudes que han realizado en los últimos días distintos alcaldes del país, Enap informa que ha recogido dichos planteamientos y anuncia que está en proceso de estudio para ver la factibilidad de la instalación de otros trenes de envasado de gas en el país, que se sumarían a los ya existentes en Linares y San Fernando", manifestó la compañía en un comunicado.

La firma explicó que, al mismo tiempo, se encuentra evaluando cuál sería la eventual demanda que pudiera existir de gas licuado de petróleo (GLP).

"Enap es una empresa de infraestructura crítica, estatal, y está disponible a estudiar cualquier proyecto que vaya en beneficio de todos los chilenos", agregó la empresa.

El paso anunciado por la petrolera surge luego que la semana pasada la Municipalidad de Chiguayante, en la Región del Biobío, informó el inicio de los trámites para convertirse en la primera comuna del país en vender gas a sus habitantes, como una forma de contrarrestar los altos precios del combustible.

Según el alcalde de dicha comuna, Antonio Rivas, por esta vía es posible obtener un ahorro cercano a $10.000 en el caso de los balones de 15 kilos, cuyo valor en las distribuidoras tradicionales supera los $25.000.

Tras el anuncio de Chiguayante al menos 30 municipios se han sumado a la iniciativa denominada "Gas Popular", haciendo las solicitudes pertinentes a Enap.

El presidente de la Asociación de Municipios Libres y alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, aseguró en canal 24 horas que "lo que estamos pidiendo a Enap es que tome protagonismo y que permita que otras personas u entidades se puedan integrar a este mercado".

La arremetida de los municipios se produce semanas después de que un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) alertara sobre los precios excesivos que las empresas distribuidoras cobran a los clientes de gas licuado y natural.

Según la FNE, entre 2010 y 2020, los consumidores de gas licuado pagaron en exceso US$ 181 millones cada año, mientras que en el caso del gas natural el sobreprecio llegó hasta los US$ 87 millones anuales.