Justicia en terreno. Desde el inicio del mandato del Presidente Gabriel Boric Font, su instrucción fue clara: "El nuestro será un gobierno de terreno", que llegue a todos los territorios, con énfasis en grupos históricamente desplazados y de especial protección: niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, diversidades y/o disidencias sexuales, mujeres y pueblos originarios, con respeto a los D.D.H.H. y enfoque de género. Tarea no menor en el Chile actual, que acarrea desafíos que se repiten hace décadas. Sin embargo, las brechas existentes en nuestro país obligan al ejecutivo a acelerar el tranco tanto en las acciones del día a día como en las propuestas de largo aliento. Por lo pronto, en el sector Justicia y derechos humanos nos interesa destacar algunas acciones de los diversos servicios regionales.

Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), a la cabeza del Sr. Ricardo Baeza González, ha desplegado las prestaciones regulares del servicio por los lugares más recónditos de la región al alero del registro civil móvil, vehículo que permite realizar la mayoría de los trámites que requieren presencialidad de los usuarios. Pone en marcha la sub oficina norte de Antofagasta, que viene a reponer la masiva demanda de servicios que cubría la incendiada oficina Bonilla. Se repone la también incendiada oficina del registro civil Taltal, y se pone en marcha el plan para la obtención de certificados de manera virtual con clave única; entre otros, la apostilla en línea.

Corporación de Asitencia Judicial (CAJTA), a cargo del Sr. Giancarlo Fontana Adasme, lleva adelante el desafío de implementar línea especializada de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes "la niñez y la adolescencia se defienden", impulsada por el gobierno para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por Chile. Además de coordinar eficientemente los servicios regulares de CAJTA: defensa jurídica gratuita en materias de familia, civiles, laborales, personas mayores y centro de atención integral a víctimas (CAVI).

Gendarmería de Chile (GENCHI). A cargo del teniente coronel Sr. Juan Carlos Zamora Vega, ha promovido acciones de reinserción social de la población penal, logrando capacitar en diversos oficios a casi un centenar de hombres y mujeres; contando con dispositivos que aportan al cumplimiento de la misión institucional: Centro de Reinserción Social (C.R.S.); Centro de Educación y Trabajo (C.E.T), Centro de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S.); además de sus labores regulares de custodia de la población penal en el cumplimiento de las condenas.

Servicio Médico Legal (SML) A la cabeza del Sr. Mario Mejías Naredo, ha levantado eficientemente las necesidades regionales del servicio, concretando avances en los proyectos de reposición del SML Calama y Antofagasta, adquisición equipamiento para reforzar la labor forense en dichas sedes; además de desarrollar sus prestaciones especializadas: autopsia e identificación, alcoholemia, ADN filiación, constatación de lesiones y delitos sexuales, apelación licencia de conducir, exámenes psiquiátricos, psicológicos, bioquímicos, criminalísticos, toxicológicos, óseos de larga data y presuntas desgracias.

Servicio Nacional de Menores (Sename) a cargo del Sr. Robinson Alcayaga Gonzalez, está llevando adelante el desafío de transformación de Sename al Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de mejorar las condiciones de reinserción social de los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley, para lo cual se cuenta con modernas instalaciones del nuevo CIP-CRC-CSC, que serán utilizadas a fines de 2023 o inicios de 2024, como parte de la primera etapa de puesta en marcha del nuevo servicio.

Defensoría Penal Pública (DPP) a la cabeza del Sr. Ignacio Barrientos Pardo, realiza la defensa penal y penitenciaria regular de imputados y condenados, además de posibilitar diversos talleres para los internos, entre otros: mueblería, telar andino, fieltro húmedo, yoga, deporte integral, costura, reciclaje, entrega de kits sanitario para mujeres privadas de libertad. Seguimos.

El gobierno que encabeza el Presidente Gabriel Boric, desde sus inicios ha puesto acento en el tema habitacional del país. Lo definió entre sus prioridades y con ello puso de relieve que durante su mandato se pondrá énfasis en desarrollar lo que denominó Plan de Emergencia Habitacional, con el que espera construir 240 mil casas en el período 2022-2025.

La emergencia vivida hace pocos días puso aún más de realce el problema de falta de viviendas y construcciones en zonas riesgosas, temas ligados íntimamente.

El Mandatario tras sobrevolar la zona siniestrada comentó a su comitiva y medios de prensa "estamos sobre un polvorín" (en alusión a los peligros que significaba y significa vivir allí), luego agregó que se requiere de "un mejoramiento y un nuevo ordenamiento territorial" (para evitar nuevas catástrofes). Y cerró con un mensaje a la población: "Pero eso significa que es importante también que la gente haga caso. Hay lugares donde no se puede construir porque es demasiado riesgoso".

Todos quienes siguieron lo ocurrido en los cerros viñamarinos entendieron que ese asentamiento presentaba complejidades que no hacían aconsejable los asentamientos humanos.

Razón más que suficiente, pero también hay que ponerse en la piel de quienes no tienen casas y en actos desesperados levantan precarias construcciones en donde pueden. Quizás les gustaría una llanura o una explanada más cerca de los centros cívicos, pero la realidad los obliga a tomar esas decisiones.

Seguramente si el Presidente sobrevolara el sector alto de Antofagasta se daría cuenta que se está sobre otro "polvorín". Y los siniestros que han ocurrido en esos lugares, han dejado en evidencia lo difícil que es combatirlos.

La inexistencia de árboles o vegetación, que sirva de acelerante hizo la gran diferencia con Viña del Mar. No obstante, junto al riesgo de incendios está el constante temor a los aluviones que podrían reactivar quebradas y arrasar con esas frágiles construcciones.

No muy distinto, es lo que ocurre en Calama con campamentos que están fuera del radio urbano, sin conexión vial, red de incendio, agua potable o alcantarillado. Situación advertida y que obligó al municipio a habilitar huellas, también tras un incendio.

Hay que repensar las ciudades y ordenarlas -obviamente- por la seguridad de miles de personas que, no por gusto, viven en zonas de mucho peligro. Eso debe estar claro.