Una nueva diferencia surgió entre el oficialismo y la oposición luego de que el Gobierno propuso que el salario mínimo para el período septiembre 2020-septiembre 2021 se reajuste sólo según el IPC, por lo cual no habría un incremento real del monto, hoy de $320.500.

El lunes, tras no llegar a acuerdo con la CUT, el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto que considera un aumento a $322 mil. "Esos $1.500 corresponden a la inflación acumulada entre marzo y agosto", dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones y argumentó que "hoy enfrentamos una situación dramáticamente distinta, por lo tanto, mantener el mismo criterio que venimos siguiendo en periodos normales no hace demasiado sentido". Recalcó que tres de cada cuatro trabajadores que reciben el salario mínimo en Chile "están en la pyme. Por lo tanto, uno tiene que ser extremadamente cauteloso" con el reajuste.

Briones dijo que "es la primera vez que discutimos el salario mínimo coexistiendo con el ingreso mínimo garantizado. En la práctica, significa que un trabajador que recibe el salario mínimo recibe un aporte estatal de 45 mil pesos aproximadamente".

Ayer en la tarde, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se aprestaba a iniciar la discusión de la propuesta del Ejecutivo. Para el miembro de la instancia y diputado de la UDI Patricio Melero, "el salario mínimo debe ser realista con la situación del país, impulsar fuertemente nuevos empleos y mantener los que hay, y dar un reajuste que vaya de la mano con los subsidios al ingreso mínimo garantizado".

La presidenta de la comisión, Gael Yeomans (Convergencia Social), llamó al Gobierno a que "se mueva de su postura". El jefe de la bancada PPD, Raúl Soto, afirmó que "es francamente impresentable que después de ocho reuniones con la CUT, el Gobierno haya sido incapaz de ceder un ápice", y agregó que ante "el hambre, la miseria, el desempleo, la pérdida de ingresos" de los trabajadores, lo propuesto por el Gobierno "es francamente inhumano".

En radio Duna, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo que de aprobarse el 0% el aumento sería solo de $1.500 (IPC) y agregó que "nos parece que es injusto endosarles la responsabilidad y el costo a los trabajadores". "Nadie desconoce la situación que estamos viviendo", indicó y explicó que lo que más ayuda a las pymes es "crecimiento guiado por salario".

Redacción / Agencias

La economía de Chile cayó 10,7% en julio, cuando aún regían estrictas cuarentenas en la mayor parte del país para contener la pandemia de covid-19, informó el Banco Central, que además reportó que la actividad creció 1,7% ese mes respecto de junio.

"En julio tuvimos aproximadamente, en promedio, un 52% de la población que estuvo en cuarentena, una cifra no muy distinta a la de junio; sin embargo, la actividad económica muestra una mejora relativa, una menor caída. Por lo tanto, manteniendo constante esa variable de restricción a la movilidad, tenemos un desempeño que es mejor y eso de alguna manera sugiere que la economía se ha ido adaptando a este nuevo contexto y es capaz de producir con todo, y eso creo que es bueno", analizó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Bajo lo esperado

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que reúne al 91% de los bienes y servicios del Producto Interno Bruto (PIB), se colocó bajo lo que esperaban los mercados (-12% en la Encuesta de Expectativas Económicas del propio Banco Central) y lejos del histórico desplome del 15,3% de mayo.

"La caída del Imacec fue menor a las caídas de los últimos tres meses y, a su vez, entregó una nueva señal de punto de inflexión, al registrarse el segundo aumento mensual consecutivo de la actividad", resaltó el ministro de Economía, Lucas Palacios.

El ministro Briones afirmó que la caída es "importante", pero que esperaban "cifras peores" y que "la situación va mejorando". Apuntó que "este tercer trimestre vamos a seguir viendo números negativos, pero con caídas menores a las registradas en el segundo trimestre. Esperamos que, a partir del cuarto trimestre, podamos tener cifras positivas y una recuperación robusta en 2021".

Las actividades más afectadas fueron los servicios y la construcción, y, en menor medida, el comercio y la industria manufacturera. Las divisiones de servicios que más acusaron los efectos de las restricciones sanitarias fueron el transporte, los restaurantes y los hoteles.

El Banco Central informó que el Imacec no minero cayó 12% y que el minero creció 1,4% pues la industria del cobre ha mantenido las operaciones pese a la pandemia y el precio del metal rojo se ha ido recuperando. El ministro de Minería, Baldo Prokurica, destacó "la fortaleza de la minería durante la pandemia; lleva siete meses con Imacec positivo".

El gerente general de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, anunció que sus asociados postergarán por un año las alzas de sus planes, por lo que mantendrán los precios hasta agosto de 2021. Explicó que la decisión se tomó "dada la situación particular que hoy está, las necesidades que los cotizantes tienen y las condiciones que está enfrentando el sistema privado, en particular las isapres".

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, dijo que buscarán recibir una comunicación formal de las isapres y "le vamos a dar una estructura de circular".

Un grupo de alcaldes pidió al Gobierno que el día del plebiscito (25 de octubre) se garantice la gratuidad en el transporte público.

Los alcaldes Claudia Pizarro (La Pintana), Jorge Sharp (Valparaíso), Gonzalo Durán (Independencia), Claudio Castro (Renca), Leonel Cádiz (San Bernardo) y Germán Codina (Puente Alto) se reunieron en el Palacio de La Moneda con el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, para plantear medidas en orden a tener un plebiscito seguro.

"Hemos planteado que así como hay algunos que no van a poder votar por esta falta de previsión (infectados con covid-19), tomemos el resguardo necesario y garanticemos que todos puedan votar porque no tengan una dificultad económica para acudir a los recintos de votación", dijo Gonzalo Durán. "El país enfrenta una crisis sanitaria, pero también enfrenta una crisis social; esto significa que una familia que tenga varios miembros que tienen que acudir a votar les podría significar un esfuerzo económico muy importante", agregó. Los alcaldes consideran que el transporte gratuito "es la mayor garantía de amplia participación de la ciudadanía".

Los jefes comunales propusieron también sanitizar los recintos que funcionarán como locales de votación, contar con dispensadores de alcohol gel en la entrada de cada recinto electoral, y controlar el uso de mascarilla en los accesos y/o hacer control de temperatura.

Además, plantearon disponer de señalética o demarcación de espacios procurando el distanciamiento físico, tanto fuera del recinto electoral como en los accesos a cada mesa receptora de sufragios; y realizar un test PCR a los vocales en los días previos.

En cuanto a la campaña, Evópoli ayer notificó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que renuncia a su participación en el espacio que corresponde a la opción Apruebo de la franja televisiva para el plebiscito, pero que mantendrá sus segundos para apoyar la Convención Mixta Constitucional.