Constanza Caldera Pfeiffer

Carolina Vega, 37 años, trabaja como recepcionista en un hotel de Antofagasta, el cual los tres primeros meses de iniciada la pandemia en marzo del año pasado se mantuvo cerrado como medida de precaución.

Durante este tiempo, los trabajadores se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, lo que les permitió contar con un ingreso que aunque no fue el sueldo íntegro que recibía, le sirvió para paliar sus gastos más elementales.

"Fue una buena alternativa para aquellos sectores que se vieron más perjudicados por la pandemia, como lo son el comercio y turismo. Esta ley me ayudó a no quedarme sin ingresos de un día para otro", señaló esta antofagastina.

Vega sí lamenta que dada la extensa pandemia y las reiteradas cuarentenas, el hotel no ha recibido la cantidad de pasajeros de años anteriores. Por este motivo -relata- varios de los trabajadores han tenido que ser desvinculados.

"Han sido meses muy difíciles. Agradezco tener todavía trabajo, pues soy madre de dos hijos y son varios los gastos que uno tiene mensualmente. Ojalá pronto mejore la situación", indicó.

Suspensiones

Al 24 de enero la Región de Antofagasta registra 14.146 solicitudes aprobadas de suspensión de contrato en el marco de la Ley de Protección al Empleo, iniciada en abril del 2020.

A nivel país, las peticiones totalizan 779.341, ubicándose la región en el noveno lugar de solicitudes aprobadas, según lo detalla la estadística semanal elaborada por la Superintendencia de Pensiones.

Del total de solicitudes aprobadas en la región, 8.059 corresponden a acto de autoridad (se aplica básicamente cuando hay cuarentena), 7.369 a pacto de suspensión (mutuo acuerdo entre empleador y trabajador) y 129 a padres y madres cuidadores (Ley 21.247).

A estos se suman los trabajadores de casa particular con solicitudes aprobadas de suspensión de contrato al 22 de enero, que en el caso de la región son 274 personas (87 por acto de autoridad y 192 por pacto de suspensión).

Asimismo, existen 1.119 solicitudes aprobadas por reducción de jornada en la región.

De esta manera, en la región 15.539 trabajadores se han acogido a la Ley de Protección al Empleo desde abril de 2020.

Las actividades económicas que suman más solicitudes aprobadas a nivel país son comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 182.421; construcción, con 165.613; y actividades de alojamiento y de servicio de comidas, con 124.128.

El seremi del Trabajo y Previsión Social, Álvaro Le Blanc, indicó que Antofagasta no está dentro de las regiones que posee mayores solicitudes.

"Nosotros tenemos actividades productivas importantes en la región, como es la minería, que no se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, sino que han mantenido su funcionamiento. Sin embargo, consideramos que es una cifra que tiene relevancia en el sentido que han permitido mantener la vigencia de la relación laboral y para los trabajadores obtener los beneficios del seguro de cesantía, que en gran parte de ellos hoy no están siendo cubiertos por la cuenta individual, sino que por el fondo solidario al que ha aportado el gobierno más de 2 mil millones de dólares", indicó.

Le Blanc agregó que la mayor cantidad de solicitudes fueron realizadas durante los primeros meses de pandemia.

Además, destacó la aprobación del proyecto de ley que extenderá los beneficios de esta normativa.

La gerenta de la empresa de asesorías tributarias, contables y laborales, Sertriconla SpA, Jéssica Bravo, opina que esta ley se creó con el objetivo de evitar que las personas fueran desvinculadas, sobre todo aquellas que llevan varios años en una compañía y dada la situación actual resulta difícil cancelar finiquitos tan altos.

"Pero muchas empresas al final tuvieron que igual tomar la decisión de desvincular, porque con este subsidio al que uno se acoge para que la AFC en parte pague los sueldos, el empleador igual tiene que pagar las cotizaciones y el monto no es menor", indicó.

Bravo agregó en este sentido que uno de los problemas detectados es que las cotizaciones quedan declaradas, pero no pagadas, y se empiezan a crear deudas previsionales, algo que observa ha afectado a giros como los restoranes que estuvieron mucho tiempo acogidos a este beneficio.

La Municipalidad de Antofagasta se encuentra reuniendo los antecedentes para determinar responsabilidades por los más de 1.200 millones de pesos no gastados el año pasado, fondos que habían sido depositados desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional para enfrentar la emergencia.

El caso fue destapado por The Clinic en un reportaje en que se explica que Antofagasta está entre las comunas del país que tuvo peor desempeño en el uso de estos recursos, con 1.216 millones de pesos no gastados. Solo la supera Arica, con 1.286 millones de pesos no gastados. Los fondos quedaron a disposición de los municipios.

En el caso de Antofagasta, la casa edilicia, al ser consultada por este Diario, explicó que "en julio de 2020 (mientras era alcaldesa Karen Rojo) y en el marco de la pandemia, el gobierno transfirió más de 1.800 millones de pesos a la Municipalidad de Antofagasta, de los cuales 1.200 no se gastaron, una situación muy lamentable, considerando el complejo escenario que enfrentan miles de familias".

Cabe recordar que en agosto asumió la alcaldía Ignacio Pozo y en diciembre Wilson Díaz. Desde la actual administración declararon que se encuentran recopilando los antecedentes respecto al uso de los aportes entregados por el estado, con el fin de conocer lo ya realizado con los fondos y para instruir los procesos disciplinarios correspondientes.

"Sin perjuicio de lo anterior, es importante mencionar que la Subdere estableció un plazo máximo hasta marzo de este año para ejecutar los mencionados dineros restantes. En base a esto, ya realizamos algunas acciones, como la compra de tarjetas de alimentos para que nuestros vecinos puedan canjear en los supermercados de la zona. De igual modo, hemos estado en la entrega de ticket de gas, kit de sanitización y chips para conectividad a internet", explicó el municipio.

La minería, una de las principales actividades económicas de nuestro país y que representa el 10% del PIB anual, alcanzó un 8,9% de participación femenina, según indica el reciente estudio "Mujer y Minería" del Consejo de Competencias Mineras (CCM).

Según explica la gerente de la entidad, Verónica Fincheira, "la implementación de diversas acciones por parte de compañías mineras, para aportar a las políticas de igualdad y a la eliminación de prácticas discriminatorias, ha generado el aumento en la participación y la permanencia de las mujeres en la industria".

El estudio de CCM indica que la contratación de trabajadoras subió de 9,1% a 17,3% entre el 2012 y 2019, consiguiendo que actualmente 8,9% de la fuerza laboral de la industria sean mujeres.

"Es un gran avance en términos de inclusión y esperamos que para el 2024, donde se requerirán más de 30.000 trabajadores en la industria, un porcentaje mayor sean mujeres", declaró Fincheira.