Mala gestión y mal uso de recursos
Denuncias por millonarias defraudaciones en las corporaciones municipales se repiten en la Región. El servidor público tiene que ser un ejemplo de excelencia profesional y por sobre todo probidad sin discusión, no están exentos de errores pero no de abusos en sus funciones.
La denuncia del alcalde de Antofagasta sobre una defraudación millonaria en la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) es una más de las que hemos conocido a nivel regional y que llaman profundamente la atención. Ajeno a que las denuncias interpuestas en los entes persecutorios, y que seguirán a nivel judicial, deslindarán responsabilidades, queda la sensación de una creciente falta de probidad en el ejercicio administrativo de los municipios.
Sí, porque similares acusaciones se han realizado en Calama, en las que se critica severamente a la administración anterior por recursos mal utilizados y cobros por obras que no debieran existir, lo que ha llevado a extremar los esfuerzos para cumplir con los compromisos.
Los montos involucrados en ambos casos son altísimos y es necesario que se puedan aclarar y saber si hubo alguna falta o delito en las corporaciones municipales y sancionar a los responsables.
Para el ciudadano común, sin mayores análisis, entienden y critican que de alguna u otra forma quienes llegan a la administración pública intentan quedarse con una tajada de dinero. Es el desprecio a este tipo de actos que los aleja de la clase política.
Lamentablemente esa sensación es muy dañina, porque se asume una forma de normalización de actos que pueden rayar en lo delictivo, cuando debería ser todos lo contrario. El servidor público tiene que ser un ejemplo de excelencia profesional y por sobre todo probidad sin discusión, no están exentos de errores pero no de abusos en sus funciones.
Este tipo de situaciones no son nuevas y ya se había visto como una traba al momento de entregar mayores autonomías a los territorios. No solo en Chile, a nivel latinoamericano, estaba instalado el temor que esas autonomías fueran socavadas por agentes de corrupción.
Algunas experiencias así lo demostraban y la conclusión siempre fue que se debía avanzar en agendas de probidad y anticorrupción para promover las autonomías.
Los casos anteriormente citados tienen que ser sancionados de acuerdo a su gravedad para que quede certeza que quienes busquen aprovechamiento en el aparataje público recibirán la pena correspondiente y que no se obviarán situaciones irregulares.
Este tiene que ser el mensaje claro. Los alcaldes ya han puesto la alerta porque también son los que en un momento serán apuntados con el dedo si no denuncian este tipo de situaciones.