El gobernador regional Ricardo Díaz Cortés, decidió realizar una serie de ajustes en su equipo de Gobierno. La idea, indicó, es mejorar los servicios hacia la comunidad.

En esa línea, Iván Maturana Hurtado quien estaba a cargo de la jefatura de la División de Planificación Regional (DIPLAR) dejará su lugar.

Otra profesional que no continuará con sus funciones es Gabriela Gómez Peralta quien estaba en la jefatura de la División de Fomento e Industria (DIFOI). Ella asumirá la gobernanza y coordinación de la Estrategia Regional Minera 2023-2050.

"De igual manera, informamos la incorporación de Pablo Rojas Varas como nuevo jefe de la División de Planificación Regional (DIPLAR) y de Ruth Rodríguez Venegas como nueva jefa de la División de Fomento e Industria (DIFOI)", indicó.

Profesionales

Pablo Rojas es Magíster en Psicología Social de la Universidad Católica del Norte (UCN). Con 15 años de experiencia profesional en el ámbito social, universitario, público y privado. Además cuenta con vasta experiencia en planificación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. También posee estudios y experiencia en política pública, planificación estratégica y participación ciudadana a escala territorial. Se ha desempeñado como docente universitario y realizado investigaciones en áreas como minería; historia de Calama; movimientos estudiantiles regionales y temas urbanos y de participación comunitaria, con una decena de publicaciones académicas, entre ellas dos libros de su autoría. A la fecha se desempeñaba como jefe de la Unidad de Gobernanza y Participación Ciudadana del Gobierno Regional de Antofagasta.

Por su parte, Ruth Rodríguez Venegas es ingeniera en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y Técnico en Prevención de Riesgos nivel superior titulada en la Universidad de la República. Cuenta con una amplia trayectoria en el mundo público y privado, vinculada a proyectos en la industria minera, del transporte, construcción, medio ambiente, educación, salud y seguridad, tanto en la segunda región, como en Chile y en el extranjero. Ha trabajado, entre otras empresas e instituciones, en la CMDS de Antofagasta, en el Instituto de Seguridad Laboral y en la Mutual de Seguridad C.CH.C Antofagasta.

Díaz dio sus agradecimientos por la gestión realizada e invitó "a todas las funcionarias y funcionarios a asumir los desafíos de la región mediante el ejercicio de una administración cercana, eficiente y de excelencia, que entregue certezas a toda la comunidad regional y nos permita avanzar hacia una región más segura, digna y desarrollada".

Claudio Cerda Santander

El tercer trimestre de cada año, a partir de 2016, se ha posicionado como el periodo de mayor cantidad de ingresos por pasos no habilitados, según han reconocido expertos vinculados a temas migratorios. Una circunstancia que este año favorecería la mayor cantidad de denuncias por ingresos clandestinos de la que se tenga registro.

De acuerdo a datos de la Policía de Investigaciones (PDI), en noviembre pasado se registraron 5.936 denuncias por ingresos por pasos no habilitados en el país. Una cifra que aumenta a 51.135 las denuncias de este tipo a lo largo del país. Este registro se aproxima, sin contar diciembre, a las 56.586 denuncias por ingresos por pasos no habilitados en 2021; el mayor número registrado hasta la fecha.

Una arista que abordó esta semana el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. La autoridad integró un grupo de pares de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) que se reunió en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar materias vinculadas a las atribuciones en seguridad de estas autoridades. Al término de la reunión Díaz manifestó la necesidad de mayores medidas para abordar la crisis migratoria que persiste en la frontera norte del país. "Nosotros creemos que se hace necesario un acuerdo transversal, pero un acuerdo transversal que respete las condiciones de cada una de las instituciones que acá que están acá presentes. En ese sentido es muy relevante cuidar la autonomía de los Gobiernos Regionales; que no se nos prive la posibilidad de generar políticas de prevención del delito (…) En el caso del norte a toda la gente que está asolada por una migración descontrolada, de que va a haber seguridad, de que va a haber tranquilidad".

"En tal sentido ¿es necesaria mayor presencia militar en la frontera?, es necesario. ¿Es necesario aumentar la cantidad de carabineros en la frontera y mayor regulación de las personas migrantes? Eso es necesario. Pero para eso tenemos que lograr estos acuerdos y ser capaces cada uno de poner lo mejor de sí. Porque no podemos seguir trabajando con esta incertidumbre", añadió.

De acuerdo a los registros de la PDI, la Región de Antofagasta registra en noviembre pasado 159 denuncias por ingresos clandestinos, con lo que acumula 3.707 denuncias por ingresos por pasos no habilitados este año. El mes pasado, en tanto, bolivianos y venezolanos encabezan este registro (79 y 56 casos respectivamente), manteniendo esta tendencia a lo largo de 2022 como las naciones con mayor cantidad de denuncias por ingresos irregulares en la región. Hasta noviembre de este año los venezolanos lideran este registro en la Región de Antofagasta (1.725), seguidos de bolivianos (1.439).

Agilizar expulsiones

Para Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones en la administración anterior y actual director del Observatorio de la Migración Responsable, la propuesta del gobierno de agilizar los procedimientos de expulsiones administrativas mediante una notificación inicial del procedimiento por escrito y no presencial resulta un avance. Sin embargo, afirma, la segunda notificación debería ocurrir de la misma forma antes de proceder a la expulsión.

"La evolución de la migración en Chile, especialmente en el período 2014-2019 fue muy alta, fue cerca de un millón de extranjeros, la gran mayoría como turistas, que han generado cierta presión y ciertos desafíos en las regiones, los barrios y los territorios. Este año ha sido un año bastante particular, ya la dijo el senador Insulza (José Miguel), que se viene una ola migratoria ilegal este verano; el término correcto es clandestina, donde la expectativa del senador Insulza es que se llegue a 60 o 70 mil extranjeros con denuncias o autodenuncias por ingresos clandestinos", dijo Bellolio, recientemente en una presentación en la Cámara de Diputados. Para Bellolio, con cerca de 52 mil denuncias hasta noviembre pasado, la expectativa de una mayor ola migratoria podría cumplirse.

"La preocupación es que si han ingresado 45 mil personas en forma clandestina (hasta octubre pasado) ¿Cuál ha sido la respuesta para, de forma administrativa, devolver a estas personas que han ingresado clandestinamente?. Esos números son muy bajos. Son 661 expulsiones administrativas totales, entre los meses de abril y octubre. Pero el punto más preocupante es que solo 17 extranjeros han sido expulsados desde abril a octubre en forma administrativa. O un caso particular el de los ciudadanos venezolanos. Tenemos 33 mil ciudadanos venezolanos que han ingresado clandestinamente este año (hasta octubre pasado) y se ha expulsado por ingreso clandestino, es decir de forma administrativa uno (…) Se deben retomar las expulsiones administrativas para no generar impunidad ante el ingreso clandestino, con las simplificaciones que sean acordadas por el Congreso, pero con un compromiso mínimo por parte del Ejecutivo", añade.

"Este año ha sido un año bastante particular, ya la dijo el senador Insulza (José Miguel), que se viene una ola migratoria ilegal este verano".

Álvaro Bellolio, Director del Observatorio de la, Migración Responsable