El Gobierno brasileño dio los primeros indicios de que el presidente Jair Bolsonaro viajará a Estados Unidos en cualquier momento y evitará participar en el acto de investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, el próximo domingo, mientras que un juez de la Corte Suprema suspendió los permisos de porte de armas en Brasilia hasta el próximo 2 de enero, a fin de reforzar la seguridad para la investidura.

La decisión de Bolsonaro de abandonar el país se conjetura desde hace días en Brasilia, pero hasta ahora había un absoluto silencio en el Gobierno que preside el líder de la ultraderecha, quien se ha aislado y casi no aparece en público desde su derrota a fines de octubre en las urnas, que aún no ha reconocido.

Sin embargo, el primer indicio sobre su partida fue publicado este miércoles en el Diario Oficial. Es una autorización para un viaje a Miami de personal de seguridad de la Presidencia, firmada por el general Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional.

El texto dice que el viaje será entre el 28 y el 29 de diciembre, lo cual sugiere que Bolsonaro partirá hacia Miami en cualquier momento.

La eventual partida de Bolsonaro confirmaría que no participará en la ceremonia de investidura de Lula, ni habrá el tradicional traspaso de la banda presidencial.

El presidente saliente permanece en su residencia oficial en Brasilia desde el 30 de octubre, cuando las urnas confirmaron la victoria de Lula da Silva.

En paralelo, el magistrado Alexandre de Moraes atendió una solicitud planteada por el equipo de Lula, después de que grupos amenazaran con atentados o acciones violentas para intentar evitar que el presidente electo asuma el cargo, en la ceremonia que se celebrará el próximo domingo.

De Moraes justificó la decisión de suspender los permisos de porte de armas en Brasilia a raíz de diversos hechos ocurridos en las últimas dos semanas en Brasilia, atribuidos a grupos violentos que respaldan al presidente Bolsonaro, quien aún no ha reconocido su derrota.

Hace dos semanas, tras la detención de un bolsonarista radical que había amenazado a Lula a través de las redes sociales, decenas de activistas provocaron graves desórdenes en la zona central de Brasilia, donde atacaron una comisaría y quemaron decena de autos.

En tanto, el último fin de semana, la policía desactivó una bomba que había sido instalada en un camión cisterna que se dirigía al aeropuerto. El atentado frustrado fue atribuido a un hombre que fue detenido, se declaró seguidor de Bolsonaro y confesó que buscaba "sembrar el caos".

El general retirado Javier Gallardo, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la gestión del ex Presidente Pedro Castillo, fue detenido tras haber permanecido en paradero desconocido, tras ser apuntado en las investigaciones que sigue la Fiscalía peruana de presuntos ascensos irregulares en las fuerzas de seguridad. "Me pongo a derecho para colaborar con la justicia, que siempre respeto", declaró. La Fiscalía considera que Gallardo fue uno de los operadores de una presunta organización criminal que cobró dinero a cambio de autorizar ascensos irregulares en la Policía Nacional en 2021.

El destituido ex Presidente peruano Pedro Castillo cuestionó que su prisión preventiva es injusta, asegurando que es "una venganza política", y pidió su libertad durante la audiencia de apelación que solicitó su defensa contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de arresto por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.

"Pido que se reflexione y se vea como esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política", dijo Castillo desde prisión.

El exmandatario permanece arrestado desde el 7 de diciembre, cuando fue detenido tras anunciar en un discurso la disolución del Congreso, gobernar por decreto, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente, lo que fue interpretado como un fallido intento de golpe de Estado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó el pasado 15 de diciembre la prisión preventiva contra Castillo tras señalar que había encontrado "fundados elementos de convicción" de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

En este contexto, durante la última jornada el ex Presidente afirmó que "jamás" ha cometido un delito de rebelión, que no se ha levantado en armas y que tampoco llamó a levantarse.

Incomunicado

"Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual Gobierno", señaló respecto a las 28 víctimas que han fallecido en protestas ocurridas en el país las últimas semanas.

En dichas protestas, que comenzaron tímidamente el mismo 7 de diciembre y se extendieron a distintos puntos del país el 11, los manifestantes tienen distintas reclamación que incluyen su liberación, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.

"Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi Gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia (destitución) y otras artimañas", consideró.

Castillo pidió que cese el odio y solicitó su libertad porque es "un justo derecho".

También dijo que hasta la fecha está incomunicado y que no ha tenido acceso telefónico para llamar a su familia y solicitó que se le da la oportunidad de poder hablar con sus padres y familia.

En la audiencia, la defensa del ex Presidente, Wilfredo Robles, expuso que los argumentos de la Fiscalía son "desproporcionados" y muestran faltas de concreción y defendió que deje la prisión y siga las investigaciones en su contra con una medida de comparecencia con restricciones.

"Intervención"

En paralelo, el Congreso de Perú aprobó una moción parlamentaria en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" del país andino por parte de los presidentes de México, Andrés López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro.

La moción fue aprobada con 61 votos a favor, entre 130 parlamentario, y se produjo días después de que ambos mandatarios, junto a los de Bolivia, Luis Arce, y Argentina, Alberto Fernández aseguraran que Castillo es "objeto de un tratamiento judicial (...) violatorio" y pidieran que se respete la "voluntad ciudadana" expresada en las urnas.

La moción plantea "expresar el rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna del perú por parte" de López Obrador y Petro "en perjuicio de la República del Perú".

También consideran que sus declaraciones son "una violación al derecho internacional en perjuicio" de Perú.

7 de diciembre fue detenido el ex Presidente tras intentar intervenir el Congreso y el Poder Judicial.